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Más de 1,7 millones de beneficiarios, al borde de quedarse sin el bono social eléctrico.

Más de 1,7 millones de beneficiarios, al borde de quedarse sin el bono social eléctrico. 14-09-2018 Consumo

 

   Solo un 25% de los actuales beneficiarios se han acogido con éxito al nuevo bono social eléctrico, que establece descuentos en el recibo de la luz de entre el 25% y el 40% para personas con rentas bajas o en situación vulnerable. Apenas un mes antes de que venza el plazo para poder solicitarlo, únicamente 650.000 usuarios de los 2,4 millones que actualmente disfrutan del bono han logrado renovarlo, por lo que más de 1,7 millones de beneficiarios se quedarían fuera. La falta de información y la complejidad de la tramitación está provocando que decenas de miles de solicitudes, en particular de pensionistas y viudas, no se tramiten o se denieguen.

   El próximo 8 de octubre vencerá el plazo para solicitar el nuevo bono social eléctrico. Pero a 31 de julio pasado, solo uno de cada cuatro de los actuales beneficiarios de ese descuento había logrado renovarlo, según cifras de las empresas y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

   Del total de peticiones tramitadas positivamente 317.000 corresponden a consumidores "vulnerables severos", con derecho a descuentos del 40%, y otros 333.000 al resto de colectivos. De esta forma, y si sigue el ritmo actual de peticiones, más de un 1,7 millones de potenciales beneficiarios -especialmente pensionistas y viudas- pueden quedarse fuera de este sistema de ayudas, en un momento además en el que el recibo de la luz se ha disparado y está alcanzando máximos por la subida de los combustiblesy los gravámenes medioambientales.

   Hasta el momento, la explicación oficial de esta carencia, ofrecida tanto por el anterior Ministerio de Industria del PP como del actual Ministerio para la Transición Ecológica del nuevo Gobierno del PSOE, es que muchos de los beneficiarios no están presentando la solicitud por falta de información. Pero, según ha podido conocer este diario en fuentes del proceso, ha habido además miles de solicitudes que han sido rechazadas por cuestiones menores de procedimiento y por el mal funcionamiento de la burocracia, derivados de la dificultad de tramitar la prolija documentación que exige la nueva norma.

   Entre los colectivos más perjudicados por este rechazo se encuentran los pensionistas y las viudas. La anterior Ley de 2013 estipulaba unos requisitos relativamente sencillos para poder acceder al bono social, entre los que se incluían tener 60 años o más y ser pensionista por jubilación o viudedad. La nueva norma de octubre de 2017 reformuló completamente esos criterios y los hizo más estrictos.

   Pensionistas y viudas

 

    A los pensionistas por jubilación o incapacidad permanente se les exige ahora que perciban la cuantía mínima vigente en cada momento para estas clases de pensión y "no perciban otros ingresos". De esta forma, las peticiones de muchos jubilados han sido denegadas automáticamente al admitir que tenían unos ingresos extra además del de la pensión, aunque dichos ingresos fueran mínimos, por ejemplo, los intereses de la cuenta corriente o de un fondo de renta fija. Se dan casos de rechazo por unos ingresos al margen de la pensión de 7 euros anuales. Hay que tener en cuenta que según las cifras de la Seguridad Social, 1,7 millones de pensionistas perciben la pensión mínima, por lo que la mayoría de este colectivo se va a quedar fuera del bono social de acuerdo al número de solicitudes aprobadas hasta el momento.

   En el caso de las viudas, el problema reviste aún más gravedad porque la figura de este colectivo desapareció de la norma como tal, y ahora deben solicitar el bono social acogiéndose a una renta mínima.

   Muchas de las familias numerosas o de los colectivos con menores rentas se han topado con que les exigían que estuvieran todos los miembros de la unidad familiar empadronados en el domicilio, sin tener en cuenta que, debido a la crisis, muchas familias han tenido que reagruparse en un mismo domicilio, en el que conviven padres, hijos mayores de edad anteriormente independizados e incluso abuelos.

   Otros de los graves inconvenientes que ha producido ese retraso es que son las comercializadoras de electricidad -filiales de las eléctricas- las encargadas de tramitar las peticiones, y de admitirlas o denegarlas. Las compañías ya se quejaron de que esa tramitación debía corresponder a un organismo público porque conllevaba la comprobación de requisitos sociales y de renta para las que no estaban capacitadas, ni tenían oficinas ni personal suficiente para tramitarlas.

   De hecho, las comercializadoras rehusaron la comprobación de documentos como certificados de incapacidad, de violencia de género o declaraciones de la renta necesarios para obtener el bono porque la ley de Protección de Datos les impedía su acceso, y se tuvo que introducir un anexo en la norma del bono social el pasado mes de abril que capacitara a las compañías mediante una aplicación informática para manejar esta documentación sin incumplir la ley.

   Otra causa muy común de denegación es que el usuario, sin saberlo, se ha cambiado al mercado libre desde el regulado (el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC), el único que puede solicitar el bono, y las compañías no les instan a que vuelvan al mercado regulado para poder volverlo a pedir.

   Las quejas que han llegado al Ministerio también apuntan a que a muchos usuarios que ven denegada su petición no les informan que pueden volver a solicitarla acogiéndose a otra figura. Por ejemplo, los pensionistas con ingresos extras que tienen derecho al bono también por sus bajas rentas. 

   Fuente de la noticia: elpais.com